¿Qué pasa si te pillan volando un dron sin permiso?

Las cifras de las multas y quién las impone están resumidas en ¿Qué pasa si te pillan volando un dron? (permisodrones.es). Aquí seguimos el expediente fase a fase, con lo que dicen la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, en su redacción vigente, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Como operador profesional, lo que más te interesa es saber qué plazo corre en cada momento y qué puedes hacer en él.

¿Cómo empieza el expediente?

Siempre de oficio. El artículo 62 de la Ley 21/2003 establece que lo inicia la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por propia iniciativa, por orden superior, por petición razonada de otros órganos administrativos o por denuncia. El procedimiento separa la fase de instrucción de la de resolución (artículo 61), y la instrucción corresponde al órgano de la AESA que tenga atribuida esa competencia (artículo 64).

¿Qué trae el acuerdo de iniciación?

Es la primera notificación que recibes, y conviene leerla entera. Según el artículo 64.2 de la Ley 39/2015 debe incluir, como mínimo:

• La identificación de los presuntos responsables.
• Los hechos, su posible calificación y las sanciones que podrían corresponder.
• El instructor y, en su caso, el secretario, con el régimen de recusación.
• El órgano competente para resolver y la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad.
• Las medidas provisionales acordadas, si las hay.
• Tu derecho a alegar y a la audiencia, con sus plazos.

Hay una advertencia que no se puede pasar por alto: si no alegas en plazo sobre su contenido, el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada (artículo 64.2.f).

¿Puedes reconocer los hechos o pagar antes?

Sí. Si reconoces tu responsabilidad, se puede resolver con la sanción que proceda; y si la sanción es solo económica, el pago voluntario antes de la resolución termina el procedimiento (artículo 85 de la Ley 39/2015). En ambos casos se aplican reducciones de al menos el 20 %, acumulables, que deben figurar en la notificación de inicio. Su efectividad queda condicionada a desistir o renunciar a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

¿Qué pasa durante la instrucción?

El instructor reúne los hechos. En cualquier momento, la Dirección de la AESA puede adoptar medidas cautelares, previa audiencia del interesado y mediante resolución motivada (artículo 63 de la Ley 21/2003). Antes de redactar la propuesta de resolución hay un trámite de audiencia: se te pone de manifiesto el expediente y tienes entre diez y quince días para alegar y presentar documentos (artículo 82 de la Ley 39/2015).

Si en la instrucción se comprueba que los hechos no existen, no están acreditados, no son infracción, no hay responsable identificado o la infracción ha prescrito, el instructor archiva sin propuesta (artículo 89.1). Las infracciones de la Ley 21/2003 prescriben al año las leves, a los dos años las graves y a los tres las muy graves (artículo 60).

Para preparar esta fase sirve todo lo que guardaste de la operación; lo explicamos en qué guardar de cada operación para defenderla ante una inspección.

¿Cómo termina?

Con una propuesta de resolución notificada, que fija los hechos probados, su calificación, el responsable y la sanción propuesta, y te da plazo para alegar (artículo 89.2 y 89.3 de la Ley 39/2015). Después resuelve la persona titular de la Dirección de la AESA (artículo 58 de la Ley 21/2003). La resolución no puede aceptar hechos distintos de los del procedimiento y, si el órgano considera la infracción más grave que la propuesta, debe darte quince días para alegar (artículo 90.2).

Si el plazo vence sin resolución expresa, la Dirección de la AESA declara la caducidad y archiva las actuaciones con los efectos del artículo 95 de la Ley 39/2015 (artículo 65 de la Ley 21/2003).

¿Se puede recurrir la sanción?

Sí. Contra la resolución caben los recursos que indique la propia notificación: el de alzada o el potestativo de reposición, según ponga fin o no a la vía administrativa. Si el acto es expreso, el plazo es de un mes en ambos (artículos 112, 122 y 124 de la Ley 39/2015). La resolución es ejecutiva cuando ya no cabe recurso ordinario en vía administrativa (artículo 90.3), y las multas tienen naturaleza de crédito de Derecho público y pueden exigirse por vía de apremio (artículo 55.6 de la Ley 21/2003).

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